• La Asociación de Gestoras de Viviendas señala la urgencia para el sector gestor y promotor de definir y afinar el modelo de relación entre constructoras y promotores, en donde se encuadran las cooperativas como copromotoras.
  • Jesús García, Director general de Construcción y Edificación y Rafael Puga – Director General de Contratación del Grupo Avintia, han participado en el encuentro sobre “Modelos de contratación en la Construcción” organizado por la Asociación de Gestoras de Vivienda.

El pasado día 20 tuvo lugar el encuentro telemático “Modelos de contratación en la Construcción”, organizado por la Asociación de Gestores de Vivienda (AGV) con la participación de Jesús García, Director General de Construcción y Edificación, y Rafael Puga, Director General de Contratación de Grupo Avintia quienes han centrado su participación en dos aspectos: los sobrecostes debido al incremento de los precios, la incertidumbre actual y los diferentes modelos de contrato, destacando el modelo colaborativo y la colaboración desde el inicio de los proyectos entre los implicados en su desarrollo, promotores, constructores, equipos técnicos y entidades financieras. Si no se reconoce el problema como un espacio común, no se resolverá y en su reconocimiento es imprescindible lo que plantean estos debates: un diagnóstico quirúrgico de sus riesgos y beneficios, dentro de un cambio de mentalidad de los actores implicados.

Los tipos de interés y el precio de la construcción son problemas básicos en el sector, unidos actualmente a la incertidumbre en los precios de construcción y el precio máximo. Entre las posibles soluciones para mitigar la incertidumbre debida a la pandemia, la actual guerra, y sus consecuencias directas en el encarecimiento de los materiales y escasez de mano de obra se encuentra el contrato colaborativo entre constructoras, promotoras y gestoras.

El actual modelo de contrato no funciona correctamente, impactado tras la anterior crisis en el año 2015 de mano de obra por mucho volumen y con contratos de modelo colaborativo. “Tras la pandemia, el actual conflicto armado ha provocado una convulsión en los suministros de materiales y a todo lo que afecta a la cadena de construcción, aspectos que no están regulados en un contrato, con sobrecostes que sitúan a constructores y promotores en un escenario complicado” ha señalado Jesús García, Director General de Construcción y Edificación de Grupo Avintia

En este contexto las constructoras no pueden asumir este incremento de costes debido a los ajustados márgenes de construcción, lo que hace que se traslade este incremento finalmente a los cooperativistas y promotores.

En este sentido, desde los contratos colaborativos, la revisión mensual de subida y bajada para establecer los sobrecostes o no, es sencilla porque tienen un índice, como podría ser el índice de referencia del acero, no así con respecto a los materiales de la obra, con la complejidad de cuantificar las subidas de precios de las materias primas y mano de obra.

El reto está en cómo establecer desde el desarrollo de proyecto básico el precio colaborativo y en definir qué riesgos podrían asumir tanto las gestoras como las constructoras y qué beneficios pueden producirse en alcanzar o reducir el precio objetivo.

Desde la Asociación de Gestoras de Viviendas destacan “Colaboración, transparencia y confianza” como claves a objetivar en un contrato que facilite la relación entre promotores y constructores frente a la incertidumbre y hacia el fin común, que es conseguir un precio objetivo lo más reducido posible que abarate el precio final de las viviendas, no su calidad, sobre todo en aquellas viviendas que son de protección pública.

El incremento constante de los precios de construcción hace inviable establecer un precio cerrado a la hora de abordar la ejecución de los procesos constructivos; o directamente los hace inviables, si hablamos de viviendas con algún tipo de protección a los actuales precios máximos de venta en algunas comunidades autónomas, lo que es un obstáculo insalvable para construir esa imagen tan repetida como compleja que es la vivienda asequible.

Por ello, desde AGV planteamos la necesidad de revisar el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública adaptándolos a la nueva realidad del mercado y tomando como referencia el metro cuadrado construido y no el metro cuadrado útil como viene sucediendo hasta la fecha.

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