La Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV) ha suscrito el Pacto Regional por la Vivienda que ha impulsado la Comunidad de Madrid en un acto que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, presidido por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad.

José Luis Grajera, presidente de AGV, ha asistido a la firma del acuerdo promovido por el Gobierno regional, un acto en el que han participado los principales agentes inmobiliarios de Madrid. El acuerdo suscrito tiene como objetivo marcar las pautas de actuación a seguir en un sector decisivo en la recuperación económica madrileña tras la crisis originada por el COVID-19.

En palabras de la presidenta Díaz Ayuso, “el acuerdo suscrito se trata del pilar de otros futuros pactos para paliar los efectos económicos y sociales de la pandemia, impulsar el sector inmobiliario y facilitar un derecho institucional, el acceso a la vivienda”.

El Pacto Regional por la Vivienda se ha llevado a cabo con la intención de convertir la complicada situación actual en una oportunidad para transformar y actualizar el sector de la vivienda y que así el Pacto sea el impulso definitivo para la profesionalización del sector y la generalización del I+D y los criterios de sostenibilidad. Para lograrlo, Díaz Ayuso se ha comprometido a movilizar todos los recursos disponibles, públicos y privados, para reactivar el sector y generar la tan necesaria vivienda asequible.

Foto familia Pacto Regional por la Vivienda
El presidente de la Asociación de Gestoras de Viviendas, José Luis Grajera (segundo por la izquierda), junto al resto de firmantes del Pacto Regional por la Vivienda

El Pacto se asienta sobre los siete pilares que se enumeran a continuación y que buscan contribuir a crear empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid a través de un sector que genera el 7% del empleo directo, el 15% del indirecto, y aporta hasta el 10% del PIB madrileño.

1. Fortalecer la colaboración público-privada

Como medio eficaz para movilizar todos los recursos disponibles, públicos y privados, para reactivar el sector y cumplir con ello el fin público de generar vivienda digna y asequible.

2. Mejora de la fiscalidad de la vivienda

La política impositiva en general afecta significativamente en la producción y el precio de la vivienda. Por ello, se debe revisar el efecto que los diferentes impuestos estatales, autonómicos y locales tienen sobre su precio.

3. Impulso y apoyo a la economía social

Destacando el papel de las cooperativas en el acceso a la vivienda asequible en régimen de autopromoción. Incremento del parque de vivienda pública y las soluciones habitacionales mediante la colaboración público-privada.

4. Seguridad Jurídica, estabilidad y claridad normativa

El sector inmobiliario requiere de un marco regulatorio, estable, transparente, con equilibrio entre todos los intereses confluentes, que dé certidumbre a todos los operadores y sea un polo de atracción de las inversiones.

5. Modernización administrativa

El proceso residencial, desde la producción de suelo, la licencia de obra y hasta el otorgamiento de la licencia de primera ocupación, debe simplificarse y apoyarse sustancialmente en las declaraciones responsables para reducir los tiempos y costes de gestión a los que llevan los interminables trámites burocráticos.

6. Financiación suficiente y estable

El acceso a la vivienda, especialmente para la primera vivienda, debe facilitarse con un sistema financiero e hipotecario que facilite la promoción de viviendas, también de alquiler, y su compra.

7. Transformación y actualización del sector de la vivienda

Debe darse el impulso definitivo hacia la consolidación de la profesionalización del sector: la formación dual en la construcción, la extensión del I+D en el proceso, la apuesta por una industrialización creciente del sector y la consecuente creación de un nuevo tejido productivo. Todo ello con la sostenibilidad como guía económica, social y medioambiental, en el objetivo 2030.

Asimismo, durante el acto, Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que antes de que finalice 2020 el Gobierno de la Comunidad sacará los pliegos de 1.200.000 metros cuadrados de suelo para la construcción de nuevas viviendas del Plan Vive, que contempla la construcción de 15.000 viviendas con alquileres asequibles en esta legislatura y supondrá la creación de 130.000 puestos de trabajo.

 

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